La libertad de expresión fue un tema controversial en el #CierreEPUVen


16/03/17 - El Nacional



En este periodo del EPU, el Estado venezolano recibió más exhortos que en el primer ciclo 2011-2012, cuando solo obtuvo 13. En esta oportunidad aceptó 22 recomendaciones de las 30 relacionadas con la libertad de expresión, fundamentalmente con temas de derecho al acceso a la información pública y protección de periodistas. La admisión del Estado representa un logro del sistema EPU y de la sociedad civil en la defensa de este derecho universal.

El número de recomendaciones -que representa 10,95% del total- sobre protección a defensores de derechos humanos y periodistas, ejercicio del derecho a la libertad de expresión, garantías efectivas para el derecho y la protección de comunicaciones privadas, democratización del espectro radioeléctrico y mecanismos para combatir la impunidad en delitos contra periodistas o ciudadanos relacionados a la libertad de expresión hacen del tema una prioridad para la agenda del Estado y la sociedad civil venezolana, de cara a los próximos cuatro años.

Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPYS Venezuela, señaló que los Estados representados en la ONU reconocen la importancia de la libertad de expresión: "Esto permite pulsar​ la salud de la democracia en Venezuela. Destacaron especialmente temas como protección de periodistas, acceso a la información pública y el resguardo de los principios de libertad de expresión fundamentales para un sistema democrático. Mucho más de 13, que fue el número hace cuatro años”.

En efecto, durante este ciclo de sesiones 23 nuevos Estados se sumaron al exhorto internacional para que el Estado venezolano cese las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.

En efecto, durante este ciclo de sesiones 23 nuevos Estados se sumaron al exhorto internacional para que el Estado venezolano cese las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.

A juicio de Balbi, ello también es un avance o una respuesta que demuestra la efectividad de la acción de los Estados miembros, de ese mecanismo. "¿Qué nos permite esto ahora? Hacerle seguimiento a unos temas que incluso van más allá del gobierno. Es un compromiso del Estado venezolano”, apuntó la experta.

La recurrencia del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Venezuela en el discurso de los países en las Naciones Unidas pone en evidencia la preocupación internacional en la materia, y la importancia que han acumulado en los últimos años a la luz de las denuncias y el trabajo de incidencia de la sociedad civil.

“El trabajo de las organizaciones civiles luego de este logro es hacer una observación permanente acerca de si el Estado está cumpliendo o no estos compromisos”, adelantó Balbi. En este ciclo la sociedad civil participó a través de 170 organizaciones que consignaron 54 informes sobre 25 temas de derechos humanos.

El Estado asumió el compromiso voluntario de “establecer un mecanismo permanente para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones”.

Sin embargo, recomendaciones específicas como la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la adecuación de las normas de vigilancia de las comunicaciones privadas a los estándares internacionales, la eliminación de restricciones que impiden el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el permitir verdaderamente la expresión de opiniones con la provisión de información independiente en los medios de comunicación, el garantizar la libertad de expresión en Internet y la investigación imparcial de las denuncias de intimidación, amenazas y ataques contra periodistas y activistas políticos fueron "anotadas", es decir, rechazadas en este segundo ciclo del EPU que concluye para Venezuela este jueves, 16 de marzo de 2017.

Las recomendaciones “anotadas” sin apoyo del Estado venezolano, como se califican en el lenguaje diplomático las recomendaciones rechazadas, representan 26,67% de las 30 recomendaciones que brindaron los Estados miembros sobre la evaluación de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Venezuela.

El argumento del Estado para rechazar las iniciativas de Liechtenstein, Estados Unidos, Irlanda, México y Canadá es que se trata de recomendaciones que no son tales y no fueron apoyadas “debido a su tergiversación, irrealidad y falsedad”.

Ley de acceso a la información pública

Se trata de la primera vez que Venezuela asume compromisos en el marco del EPU sobre el derecho al acceso a la información pública. Dinamarca, Perú, Sudán y Suiza exhortaron al Estado venezolano a permitir el acceso ciudadano a los datos de interés público.

La creación de una ley de acceso a la información pública recomendada por Perú fue aceptada por Venezuela. Sin embargo, el mismo planteamiento de Dinamarca sobre la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, elaborada por la comisión mixta de la Asamblea Nacional en abril de 2016, fue rechazada.

La directora de Libertades informativas de IPYS Venezuela, Mariengracia Chirinos, dijo que “no es fortuito que haya salido el tema de acceso dentro de las recomendaciones, y que el Estado mismo lo esté incluyendo en su argumentación. El reto que tiene el Estado es ver cómo estos compromisos se pueden insertar con los objetivos de desarrollo sostenible. Que sea un solo plan. Hay un mensaje de compromiso con estos dos mecanismos de Naciones Unidas”.

En una postura contradictoria, Venezuela aceptó la recomendación de Kenia sobre protección a las comunicaciones privadas. Pero rechazó una sugerencia similar proveniente de la delegación de Liechtenstein.

13 recomendaciones recibió el Estado venezolano en el 1° ciclo del EPU 2011 por parte de 10 Estados sobre libertad de expresión. Las rechazó todas.

En esta oportunidad Venezuela se comprometió en temas sensibles, como la adopción de medidas para que los medios puedan informar con libertad, asegurar el derecho a la libertad de opinión de todos los grupos e investigar de manera efectiva las denuncias de intimidación.

Entre 2012 y 2015, IPYS-Venezuela registró 2.030 violaciones a la libertad de expresión. En 2016 se contabilizaron 763 violaciones a este derecho. En lo que va de 2017 se han registrado 86 denuncias sobre restricciones contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública. La mayoría de las violaciones son cometidas por el Poder Ejecutivo.


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