Desde Un Mundo Sin Mordaza condenamos la persecución por parte del Estado venezolano en contra de los abogados y activistas por los derechos humanos, miembros de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (CODHD) Alonso Medina Roa, Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano, quienes el 24 de agosto del corriente año se les notificó de la apertura de una investigación en su contra por parte de la División de Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC).
En la mañana del 24 de agosto, Alonso Medina se disponía a viajar al exterior por motivos personales, cuando fue informado que recaía sobre él una prohibición de salida del país, motivo por el cual fue retenido en el aeropuerto de Maiquetía por tres horas y media hasta que se le permitió retirarse con la orden de dirigirse a la División de Antiterrorismo del CICPC, dependencia que emitió la prohibición en primera instancia, sin mediar orden judicial, para que rindiera declaraciones en la sede donde se mantuvo hasta las 4:20pm.
Es importante mencionar que Alonso Medina junto con Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano llevan a cabo un proyecto de documentación y denuncia de actos de tortura cometidos por funcionarios estatales en Venezuela en el marco de la CODHD. Por ello, Ana Leonor denunció públicamente que su participación en este proyecto constituyó la razón por la cual dicha División inició una investigación en contra de ellos sin notificar ni identificar los motivos legales, así como los presuntos delitos por lo que se los investiga, lo cual atenta severamente contra sus derechos fundamentales.
Resulta aún más grave la situación, tomando en cuenta que en virtud del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la libertad personal es inviolable y en consecuencia ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial. La CorteIDH ha establecido que “el derecho de circulación y residencia, incluido el derecho a salir del país, puede ser objeto de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22.3 y 30 de la CADH. No obstante, para establecer tales restricciones los Estados deben observar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad”. De esta forma, la medida en contra de Alonso resulta manifiestamente contraria al principio de legalidad, teniendo en cuenta que el artículo 256.4 del Código Orgánico Procesal Penal establece que la facultad de imponer restricciones de salida del país recae sobre el poder judicial, mediante resolución motivada del juez competente ya sea de oficio o mediando solicitud del Ministerio Público o del imputado.
Es importante a su vez tener en cuenta la labor que ejercen Alonso, Ana y Kelvi como defensores de los derechos humanos. De esta forma, la CIDH ha advertido que “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos no sólo tiene por efecto amedrentar su labor, sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”. Por ende, este tipo de medidas de restricciones de salida del país y apertura sumaria y secreta de investigaciones en su contra claramente tiene como finalidad cercenar las labores de documentación de casos de torturas que estaban llevando a cabo, así como servir de represalia por estos actos percibidos como una amenaza para el gobierno.
Un Mundo Sin Mordaza en su labor de promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales: (i) Condena la medida de restricción de salida del país manifiestamente ilegal en contra del abogado y defensor Alonso Medina; (ii) Llama al cese de todos los actos de persecución en contra de Alonso, Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano y, (iii) exhorta a la CIDH, especialmente a su Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, la ACNUDH y demás organismos de derechos humanos a pronunciarse urgentemente condenado estas investigaciones y a hacer seguimiento a la persecución de los defensores en Venezuela.
Atados