“Un Mundo Sin Mordaza respalda los hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional
Un Mundo Sin Mordaza respalda los hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), la cual concluyó que existen motivos razonables para creer, que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad como parte de una sistematización de medios de represión planificada por autoridades de alto nivel para perseguir a los opositores al Gobierno.
A modo de contexto, la FFM fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH-ONU) a través de la Resolución 42/25 del 2019 por un período de dos años. En dicho término presentó su primer informe el 25 de noviembre del 2020 en donde concluyó que habían motivos razonables para creer que algunos de los hechos documentados en el marco de la represión política selectiva, operaciones de seguridad y protesta constituían crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el mandato de la FFM fue prorrogado por dos años más hasta septiembre del 2022, durante el cual, el 16 de septiembre del 2021 presentó un segundo informe sobre el sistema de justicia venezolano y en donde concluyó que este contribuía directamente a perpetuar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Así, el 20 de septiembre del 2022, la FFM publicó un tercer informe que se enmarcó en dos temas en específico: los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno, y la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro en el estado de Bolívar.
Con respecto al primer tema, la FFM continuó su línea investigativa del primer informe en donde había identificado “seis estructuras principales responsables de la comisión de violaciones de los derechos humanos y delitos comprendidos en el mandato de la Misión”. Dentro de estas seis estructuras, se encontraban los llamados servicios de inteligencia del Estado, a saber el DGCIM y el SEBIN, por lo que resultaba esencial el análisis de su estructura y funcionamiento no solo para dilucidar el rol que estos han tenido en el plan estatal identificado por la FMM, sino además para construir la cadena de mando y de responsabilidades por los crímenes cometidos.
Ahora bien, en lo relativo al DGCIM, la FFM investigó el caso de 122 oficiales y ex-oficiales de la FANB y civiles asociados a ellos, que fueron arrestados, detenidos y torturados por la DGCIM entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. En consecuencia, con la evidencia recabada, se logró identificar a seis individuos que pueden tener responsabilidad penal en los hechos descritos y que llama a que sean investigados. Por su parte, respecto al SEBIN, la Misión investigó 51 casos en los que los agentes del SEBIN torturaron o sometieron a las personas detenidas a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes y concluyó que cinco individuos pueden tener responsabilidad penal en los hechos descritos y deben ser investigados.
Asimismo, resulta relevante que la FFM a la hora de analizar la estructura jerarquizada de ambas instituciones, hace mención a que las mismas están subordinadas al Presidente de la República. Teniendo esto en cuenta, además de los hechos investigados, la Misión comenta que estos actos no son hechos aislados y sin conexión cometidos por individuos dentro del SEBIN y la DGCIM. En cambio, fueron el resultado de una política deliberada del Gobierno para silenciar, desalentar y sofocar a los actores de oposición. Así, la FFM concluye que “el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otras autoridades de alto nivel que le prestaron apoyo, fueron los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”.
En lo relativo al segundo tema, la situación del Arco Minero del Orinoco y otras zonas de extracción de oro, en primer lugar cabe resaltar que se hizo imposible a falta de seguimiento gubernamental, determinar la extensión de la minería ilegal, teniendo en cuenta la gran expansión de la misma. De este modo en estas zonas desde 2011 con el decreto de nacionalización y en 2016 con la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, se estableció un régimen administrativo exclusivo del Estado dentro del área declarada, el cual demostró un incremento en la minería ilegal con la cohabitación de grupos irregulares y la fuerza de seguridad del Estado.
Como consecuencia de la organización estadal de la minería en estas zonas, los intentos ocasionales de desmantelar los grupos ilegales fueron inefectivos, la FFM encontró claros indicios de que algunas autoridades políticas y militares están vinculadas, en distinto grado, con el crimen organizado que controla la producción y comercialización ilegal de oro en el Arco Minero y otras zonas mineras del estado de Bolívar. Además según la FFM se encontraron motivos razonables para creer que la FANB se vio implicada directamente en graves violaciones de los derechos humanos al reprimir a la población local, así como también por omisión dejando desprotegidos incluso a grupos vulnerables como los pueblos indígenas.
Estas conclusiones representan una invaluable contribución a los esfuerzos nacionales e internacionales en alcanzar la verdad y la justicia por las víctimas de los crímenes más atroces para la comunidad internacional cometidos en Venezuela durante las últimas décadas. El establecimiento de hechos y la atribución de responsabilidades individuales en esta instancia resulta relevante para elevar la atención de la gravedad de los actos ocurridos, y a su vez, constituye un basamento esencial para las investigaciones que actualmente se encuentran en curso ante la Corte Penal Internacional en el marco de la situación “Venezuela I”.
Por todo lo mencionado anteriormente, Un Mundo Sin Mordaza en su labor de defensa y promoción de los Derechos Humanos: (i) Respalda la publicación del tercer informe de la FFM y llama a la amplia difusión de sus hallazgos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional; (ii) hace eco del llamado de la sociedad civil y distintos actores que reclaman la renovación del mandato de la Misión, la cual seguirá investigando estas y otras situaciones, teniendo en cuenta tanto la responsabilidad estatal e individual como los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación, con respecto a las violaciones y los delitos documentados; e (iii) Invita especialmente al Fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar en cuenta los hallazgos de la Misión en su investigación.
Atados