“Un Mundo Sin Mordaza rechaza las condenas de prisión dictadas en contra del diputado Juan Requesens y otros 16 perseguidos políticos en el marco de la causa drone”
El día 4 de agosto de 2022 Juan Requesens, dirigente político y ex diputado fue sentenciado por parte del gobierno de Nicolás Maduro a 8 años de prisión por la comisión del delito de conspiración, en el marco del proceso judicial conocido como la “causa drone”. Esta condena representa una clara violación a las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva, consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El diputado Requesens fue detenido arbitrariamente en su residencia por las fuerzas de seguridad del Estado el 7 de agosto de 2018 irrespetando su inmunidad parlamentaria en ese momento. Posterior a este hecho, 5 días después se le acusó de: instigación pública continuada; traición a la patria; homicidio intencional calificado en grado de frustración, en la persona del Presidente de la República; homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra funcionarios militares; terrorismo; financiamiento del terrorismo; y asociación para delinquir.
Durante su detención, el gobierno publicó un vídeo en el que apareció Requesens, admitiendo haber ayudado a cruzar la frontera con Colombia al presunto autor material del fallido intento de magnicidio. Este video, sin fecha ni condiciones mínimas para su desarrollo, constituyó la primera fe de vida del diputado después de su detención. De acuerdo al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas “la naturaleza del video y la forma en que fue publicado hace concluir que se trata de una declaración obtenida bajo coacción”.
El ex diputado estuvo detenido en la sede del Helicoide del Servicio Bolivariano de Inteligencia durante dos años, hasta agosto del 2020 cuando se dictó una medida sustitutiva de casa por cárcel.
Asimismo, en la madrugada del 4 de agosto después de terminar la fase de audiencia, la cual no fue abierta al público, se le declaró culpable del delito de conspiración y fue condenado a 8 años de prisión, a pesar de que de acuerdo a su abogado Dr. Joel García, el Ministerio Público no pudo sustanciar ninguna de las pruebas promovidas en contra del dirigente. Esto representa una clara vulneración a la tutela judicial efectiva contemplada en el artículo 26 de la constitución venezolana, así como un incumplimiento del Derecho a la defensa y el Derecho a que el juicio fuese público por su naturaleza penal, contemplados en el artículo 8 de la CADH.
A su vez, es importante mencionar que en el marco de esta misma causa fueron condenadas otras 16 personas. Entre ellos, se dictó la pena de prisión a 30 años (la más alta contenida en el Código Penal venezolano -art. 94-) en contra de Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Emirlendri Benitez, Yanin Pernia, Alejandro Pérez Gamez y Pedro Zambrano.
Se desea especialmente hacer mención a la situación de Emirlendri Benitez quien estaba embarazada al momento de su detención el 7 de agosto del 2018 y las torturas a las que fue sometida produjeron que abortara a su bebé. En la declaración de la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Marta Valiñas, se recoge que Emirlendris fue sometida a tortura en las instalaciones de la DGCIM en Boleíta y no ha tenido acceso a un tratamiento médico eficaz.
Un Mundo Sin Mordaza, en su labor de promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales: (i) condena al Estado venezolano por utilizar a las instituciones democráticas a través del derecho penal del enemigo para perseguir a los miembros de partidos opositores; (ii) exige a que se absuelva a los 17 condenados en el marco de este proceso judicial, y, (iii) exhorta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la Unión Europea y al resto de organizaciones internacionales encargadas de la protección de derechos humanos, a tomar nota del asunto y condenar esta nueva agresión.
Un Mundo Sin Mordaza.
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