Informe

Venezuela en Cifras 2023

En primer lugar, es importante mencionar la violación a la Libertad de Expresión. En Venezuela se han registrado numerosas violaciones al derecho a la libertad de opinión y prensa. Se han documentado detenciones arbitrarias de periodistas y particulares que buscaban difundir información y expresar opiniones sin restricciones. Además, se han reportado amenazas, hostigamientos y agresiones tanto físicas como digitales hacia civiles y trabajadores de prensa. Estas acciones han limitado severamente la libertad de expresión y han generado un clima de temor e inseguridad en el ejercicio de este derecho
fundamental.

En segundo lugar, los derechos económicos de los venezolanos se han visto profundamente afectados. Se ha evidenciado una marcada disparidad salarial entre el sector privado y el sector público, lo cual ha generado inequidades laborales y sociales. La alta inflación y el aumento del dólar oficial han reducido significativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, dificultando a tener un nivel de vida adecuado al dificultar el acceso a bienes y servicios básicos. Los salarios mínimos en ambos sectores son considerablemente inferiores al costo de la canasta básica, lo que representa un desafío para cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud. Además, el alquiler de viviendas muestra una amplia variabilidad de precios, con propietarios que exigen adelantos de hasta seis meses, incrementando aún más el costo inicial. En cuanto al acceso a internet, si bien se ofrecen diferentes planes con velocidades y precios variables, esto también genera desigualdades en el acceso a la información y a las oportunidades digitales, ya que no todos los ciudadanos pueden costear los servicios de alta velocidad.

En tercer lugar, se ha registrado una violación al derecho al sufragio. Existe una distribución limitada de sedes para el registro electoral, lo que dificulta la inscripción de más de 3 millones de personas. La falta de sedes adecuadas y suficientes crea barreras geográficas, obligando a los ciudadanos a recorrer largas distancias para registrarse y votar, especialmente en áreas remotas del país. Las cifras de electores inscritos a nivel nacional e internacional muestran claramente la necesidad de un proceso de registro y actualización efectivo. Aproximadamente, 3 millones de personas necesitan inscribirse para las próximas elecciones presidenciales, y otras 2 millones deben actualizar sus datos. Esta limitación en el acceso al sufragio afecta directamente la participación ciudadana y menoscaba la legitimidad de los procesos electorales.

En cuarto lugar, se ha analizado la violación al derecho al acceso a los servicios públicos. Persisten deficiencias en los servicios básicos, lo cual afecta la calidad de vida de los ciudadanos. El aseo urbano presenta problemas en cuanto a la calidad y el acceso, generando acumulación de basura en distintas zonas. Por otro lado, el suministro de electricidad sufre interrupciones diarias y pérdidas frecuentes, lo cual afecta el desarrollo de actividades cotidianas y económicas. El gas doméstico también presenta dificultades en el acceso y la disponibilidad, generando problemas en la cocción de alimentos y en la calefacción de los hogares. Asimismo, el suministro de agua potable es irregular y genera insatisfacción en los ciudadanos, quienes deben enfrentar cortes frecuentes y falta de acceso a agua de calidad. Estas deficiencias en los servicios públicos tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas y requieren de medidas urgentes para su
mejora.